Filiberto Vargas Rodríguez
¿Quién para la CEDHV?
“Construir la cultura de respeto y defensa a los derechos humanos y vigilar su cumplimiento, así como instrumentar los mecanismos necesarios para la prevención, atención y coordinación, que garanticen la salvaguarda de tales derechos a quienes se encuentren en territorio veracruzano”.
Literalmente, esa es la misión que se plantea la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV)
La Ley número 483 que norma la vida de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la entidad establece en su Artículo 16 los requisitos que debe cumplir el Presidente de dicha institución:
I. Ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de la designación, o mexicano por nacimiento, con vecindad mínima de cinco años en el Estado; en ambos casos, ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Tener, cuando menos, 35 años de edad cumplidos al día de la designación;
III. Poseer, al día del nombramiento, título de licenciado en derecho expedido por autoridad o por institución legalmente facultada, con una antigüedad mínima de cinco años, y contar con estudios de postgrado o con experiencia profesional en derechos humanos; y
IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, u otro que lastime su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
El Artículo 17 de esa misma Ley señala que el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos durará en sus funciones cinco años, y podrá ser designado, exclusivamente, para un segundo período.
El último día del mes de enero se cumple el período para el que fue elegida Presidenta Nohemí Quirasco Hernández. El Congreso local ya inició el proceso para la elección de su relevo y tras la publicación de la convocatoria, 16 abogados se inscribieron.
En plena vorágine de nombramientos del gabinete estatal, muchos de ellos confundieron a la CEDHV como un “hueso” más del que podría disponer el actual Gobernador Javier Duarte de Ochoa. Había razones para pensar así. De alguna manera la llegada de Nohemí Quirasco a dicho encargo fue una concesión del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, en pago a sus servicios cuando era la secretaria general de Gobierno, durante la administración de Miguel Alemán Velasco.
Sin embargo, las circunstancias han cambiado. Hay en la actualidad una mayor exigencia de la sociedad de que los organismos creados para su protección funcionen de manera autónoma y transparente.
De los 16 aspirantes, sólo ocho pasaron el primer filtro, el de la revisión para ver que cubrieran los requisitos documentales: Marco Antonio Rodríguez Lobato, José Luis Francisco Sáenz Álvarez, Luis Fernando Perera Escamilla, Namiko Matzumoto Benítez, José Luis Olvera Carrascosa, Arturo Navarro Plata, Edgar Mauricio Duck Núñez y Ana Lilia Zulueta Alegría.
Desde el miércoles, hasta este viernes todos ellos se entrevistarán con los integrantes de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Armando Méndez de la Luz, presidente; Rosa Enelva Vera Cruz, secretaria, y José Murad Loutfe Hett, vocal.
Pocos pusieron atención al primer punto del procedimiento que establece la Ley para la elección del Presidente de la CEDHV: “Cuando falten 45 días para la conclusión del periodo para el que fue nombrada o nombrado el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado llamará, mediante convocatoria abierta, publicada en al menos dos de los diarios de mayor circulación en el Estado, a organismos no gubernamentales, asociaciones y colegios vinculados a la defensa y promoción de los derechos humanos y, en general, a las entidades, instituciones y personalidades académicas o intelectuales, para que presenten propuestas a efecto de cubrir la vacante”.
Esto es: No se trataba de que quien aspire a ese cargo se presente en el Congreso local y se apunte por el hecho de cumplir con los requisitos documentales.
No. Para aspirar a dicho cargo el personaje debe ser propuesto por alguna de los entes mencionados en la Ley (organismos no gubernamentales, asociaciones y colegios vinculados a la defensa y promoción de los derechos humanos y, en general, a las entidades, instituciones y personalidades académicas o intelectuales).
El requisito es fundamental, porque eso garantiza que el próximo ombudsman veracruzano tenga el reconocimiento de la sociedad organizada.
Quienes insisten en darle tintes políticos a este nombramiento mencionan al panista Mauricio Duck Núñez como la propuesta más viable, con el argumento de que lleva el respaldo del secretario general de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón.
Los que apuestan por el mejor perfil y las más amplias recomendaciones, sostienen que esa posición la ocupará Luis Fernando Perera Escamilla, quien llega respaldado por 165 organizaciones y personalidades, fue ya visitador adjunto y Director de Atención a Víctimas de Delitos de la CNDH, además de contar con una larga carrera en materia de procuración y administración de justicia.
Seguramente ambos estarán en la terna que será llevada al Pleno de la Legislatura. Ambos llegarán con esos argumentos ante los legisladores. Habrá una propuesta más (hay quien sugiere que pudiera ser una mujer para atender el tema de impulsar la participación de géneros) y quedará en la voluntad de los grupos políticos la definición del ombudsman.
Ojalá que una posición tan importante para la protección de los ciudadanos no se vea empañada por intereses de grupo y se privilegien capacidad, experiencia y prestigio.
