CONGRESOS LOCALES
La obsecuencia acrítica a que nos tiene acostumbrado la actuación de los Congresos locales, indistintamente de la legislatura de que se trate, en Veracruz hizo parecer como normal el que después de haber votado una reforma a la Ley de Tránsito y Transporte que consideraba a las concesiones de transporte público en su modalidad de taxi como no negociables, “intransferibles” decía el texto, ante la presión de los beneficiados y la constancia de una realidad irrebatible, tuvieron que dar marcha atrás de tal manera de concluir precisamente en lo contrario de su original planteamiento. Fue un caso típico en el que la realidad legisla aún en contra de quienes por ley tienen esa encomienda, no es posible contrariarla sin exponerse al fracaso, tal como lo pudieron apreciar los propios legisladores.
Por el mismo camino, aunque este en le esfera administrativa, va la potencial implementación del programa “un día sin taxi”, cuyo propósito es el de aliviar el enorme embrollo causado por la entrega indiscriminada de concesiones en todo el territorio veracruzano y que ha venido a complicar aún más el tráfico vehicular en algunas ciudades, Xalapa entre ellas. Pero, ¿Cómo se podrá superar la oposición que han manifestado los grupos de taxistas que alegan un atentado contra su derecho al trabajo? Salvo que les compensaren de alguna manera el ingreso que dejarán de percibir por no circular un día se ve muy difícil que se llegue a un acuerdo para aplicar este programa que, por lo visto, no fue lo suficientemente analizado ni sopesado antes de difundir su posible ejecución.
De por sí el crédito de la clase política no es de lo mejor en México, con estas actitudes del más depurado aquimichú empeora aún más su demeritado perfil. Léase sino la impactante noticia de la detención del exdiputado Celestino Rivera Hernández por haber sido sorprendido in fraganti violando a un menor de 12 años de edad. Este político, al que su partido, el PRD, a pesar del grave señalamiento que pesaba sobre su persona de haber violado a una menor en 2009 lo postuló en 2010 como candidato a la alcaldía de Tempoal.
Esto último fue un asunto que permaneció por muchos meses en la agenda de la LXI Legislatura veracruzana. Sin embargo, en su favor se cabildearon negociaciones de orden político atajando una cabal administración de la justicia y el caso fue cerrado, dejando el desagradable tufo de la impunidad.
Algunos de sus compañeros diputados en la LXI Legislatura, inmediatamente anterior a la actual, hicieron mutis ante la acusación contra su colegislador y aún se convirtieron en sus defensores de oficio consignando una patética señal del grado de respeto que les merecen las leyes que legislan.
Del gobierno que postulaba en su ya anecdótica existencia que los niños no se tocaban no es posible formular defensa alguna porque los testimonios lo señalan como encubridor del entonces legislador a cambio de truculentos arreglos políticos. De sus escasos compañeros de bancada partidista mejor ni hablar, el plato de lentejas les alcanzará como buen complemento a su jubilación política y partidista. ¿Les hará buen provecho?
No hacer la salvedad de que en la actual como en anteriores Legislaturas veracruzanas han actuado políticos de cabal probidad moral y política revestiría una insensata opinión. La crítica por la crítica imprime carencia de validez y firmeza al análisis, más aún cuando aborda los temas señalando solo lo negativo. Pero, sin duda, lo aquí acontecido confirma la validez del estudio realizado por el politólogo e investigador de la UNAM, Khemvirg Puente acerca de los congresos locales en México en el que se les califica de opacos “tanto en su conformación como en el uso de recursos públicos, la información que tratan y leyes que reforman”.
Ese estudio revela que la transparencia en asuntos administrativos no es el fuerte de los legisladores mexicanos, cultural, sin duda, sobre todo en lo que se refiere a las sanciones que pudieran aplicarse a los diputados que no desempeñan adecuadamente su encomienda. Destaca que a pesar de la reforma al artículo 6 de la Constitución General los congresos locales en su mayor parte no han ajustado sus leyes relativas a la transparencia, al menos 15 de los 32 congresos locales permanecen en la opacidad.
Para nuestro consuelo, Veracruz está entre las legislaturas mejor evaluadas aunque en menor grado que la del Estado de México, Guanajuato y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, está al parejo que la de Tabasco.
Con frecuencia en la agenda pública se someten a discusión los elevados emolumentos que perciben los legisladores mexicanos; en el debate destaca siempre el interrogante acerca de si realmente merecen lo que cobran. El tema adquiere proporciones mayores cuando el gasto de su operación se asocia a una economía endeble y a un crecido número de pobladores que viven en condiciones de pobreza extrema; es lógico, porque, por lo que es posible observar, no existe correspondencia alguna entre los gastos de la actividad legislativa y las condiciones de vida de más de la mitad de la población veracruzana.
El citado estudio lo revela mejor cuando evalúa el esfuerzo de quienes deben ser representantes populares: en 9 entidades federativas los congresos legislativos tienen periodos ordinarios de sesiones durante menos de 32 semanas, Veracruz entre ellas; en 18 estados laboran 32 semanas y solo en 5 los periodos de sesiones duran más de 32 semanas. ¡Que chulo, veraneando! Ya ni los maestros, “ay” se van.
