miércoles, 2 de febrero de 2011

PUNTO DE VISTA

Filiberto Vargas Rodríguez

Los días de Audirac
En el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2008 del Ayuntamiento de Acayucan, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) contó 80 observaciones sobre el manejo financiero, además de 84 observaciones más de carácter técnico.

El Ayuntamiento entregó una Cuenta Pública incompleta y después del plazo que establece la ley, todos los estados financieros que se deben entregar mensualmente a la Legislatura fueron presentados en forma extemporánea, no hay evidencias de que hayan elaborado un programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, no hubo Plan Municipal de Desarrollo, ni Programa Operativo Anual, no se entregó la información completa de las retenciones y los pagos al IPE, tuvo un sobre-ejercicio en el año de 732 mil 947 pesos, esto es, que gastaron más de lo que recibieron.

El Ayuntamiento de Minatitlán en el 2008 recibió 24 observaciones de carácter financiero, y 4 observaciones técnicas, además de 4 recomendaciones de carácter financiero.Tres estados financieros mensuales fueron entregados de manera extemporánea, tuvo un sobre-ejercicio presupuestal de 331 mil 875 pesos, y se hicieron gastos por casi 73 millones de pesos de pesos, en los que las órdenes de pago no llevaban la firma del Síndico.

Esas son sólo dos muestras de Ayuntamientos en los que el Orfis encontró múltiples deficiencias en las Cuentas Públicas, con acciones que podrían hacer presumir que habría daño patrimonial, pero no se ejerció acción penal contra los responsables.Así, queda la impresión de que la decisión de proceder contra 115 ex funcionarios municipales tiene más bien una intención mediática, de escenografía, y no un afán de hacer justicia.

Este lunes tanto el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, como el secretario general de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, reiteraron su discurso de que en las acciones legales emprendidas no se actuó con afán revanchista y, en cambió, sí se envió un mensaje a las administraciones públicas de que no se solapará desvío del erario ni se tolerará que ningún funcionario le meta la mano al dinero público.

¿Va en serio la cosa?¿Qué pasó con los municipios grandes, con los “peces gordos”?

¿Será que no robaron, o ellos sí lo supieron hacer?Y al ente fiscalizador, ¿quién lo fiscaliza?

No debemos dejar a un lado los múltiples señalamientos –todos de manera extraoficial, en voz baja- acerca de diversas componendas que habría organizado el titular del Orfis, Mauricio Audirac, para proteger a muchas administraciones municipales.Según esas versiones, el negocio era redondo.

Audirac enviaba a un despacho privado de auditores a un Ayuntamiento. Estos elaboraban un reporte en el que detectaban severas deficiencias en la administración municipal.

Entregaban su documento a Audirac y éste a su vez llamaba al alcalde, síndico, tesorero y regidor primero, para que se enteraran de que estaban metidos en serios problemas.

Una vez que las autoridades municipales admitían sus fallas, el propio Audirac les tazaba en una cifra importante por el servicio de corregir o “maquillar” el informe de la auditoría.Una vez cerrado el acuerdo, la misma empresa auditora recibía la instrucción de modificar el informa para que saliera favorable.Así lo habría hecho con decenas de Ayuntamientos, lo que le redituó ganancias millonarias.

Hoy podrían ya no estar de acuerdo en que el Orfis realice esa sucia tarea y los días de Mauricio Audirac al frente de ese organismo estarían contados.Ya se verá.