Filiberto Vargas Rodríguez
Opaca transparencia
La transparencia nunca ha sido “su fuerte”. Suele ser utilizado para defender, o justificar, esas acciones de gobierno que cojean en el tema jurídico.
A Flavino Ríos Alvarado se le conoce como buen abogado, aunque por desgracia ocupa su pericia en la materia para disimular las trampas del gobernante en turno.
Ahora llama la atención por la iniciativa que presentó para reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz
El documento –que seguramente no fue idea suya, y tal vez ni siquiera participó en su elaboración- considera una serie de reformas que restan capacidad de decisión a los consejeros y significan severos retrocesos en materia de acceso a la información.
A pesar de que en la exposición de motivos se admite que “la transparencia constituye uno de los ejes fundamentales en el escrutinio del quehacer público de orden gubernamental”, Flavino Ríos plantea una modificación al Artículo 72 de ese ordenamiento que hace aún más vaga la obligatoriedad para cumplir con las decisiones del Consejo.
La iniciativa plantea que el cargo de Consejero Presidente tenga una duración de dos años improrrogables y que sea electo por mayoría de votos de los Consejeros del Instituto, en sesión que el Consejo celebre para tal efecto.
Crea la figura de Secretario Ejecutivo, un servidor público que duraría en su cargo tres años, y que podría ser ratificado por otro periodo similar, y su designación y remoción estaría a cargo de la mayoría de los Consejeros.
Lo que plantea Flavino Ríos, es una estructura muy similar a la que opera en el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) y que tantos problemas ha causado, principalmente por el permanente choque entre el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo.
Propone la creación de la figura del Secretario de Acuerdos, que duraría en su cargo tres años, con la posibilidad de ratificación por otro periodo igual y que, como el Secretario Ejecutivo, sería designado por mayoría de los Consejeros.
Entre sus funciones estará la de actuar como secretario de actas del Consejo General y supervisar las actividades para la integración y sustanciación de los recursos, “contando para ello con el personal necesario de acuerdo a la disponibilidad presupuestal”.
Esto es, una mayor carga presupuestal, y más burocracia.
Flavino Ríos –o al menos el documento que él firma- asegura que con esas reformas se busca dotar de “mayor eficiencia” a la legislación positiva, acrecentar el ejercicio efectivo del derecho a la información e introducir mayor eficiencia en el funcionamiento de ese organismo autónomo.
¿Quién le dijo que era ineficiente? ¿De dónde sacó que no haya un “ejercicio efectivo” del derecho?
Coincido con él en que la sociedad y el gobierno deben continuar impulsando la transparencia en el quehacer público, con miras a hacer de ello un ejercicio cotidiano, de beneficio social para todos.
En lo que no coincido es en las formas. Si de verdad pretende impulsar un ejercicio real de transparencia, desde su posición puede demandar que las autoridades del estado se abran a la sociedad. Que digan dónde quedaron esos 35 mil millones de pesos que él mismo admite que debe el Gobierno de Veracruz, cuando en el 2004 los pasivos eran de 3 mil 500 millones de pesos.
Debe fomentar una revisión seria y a fondo de las “reservas” que el gobierno estatal ha hecho a diversos temas que debe conocer la sociedad, como lo que gasta el Gobierno del estado en publicidad y el nombre de las empresas beneficiadas.
Buscar la transparencia no es sólo engordar al organismo encargado de velar por esas tareas, sino establecer medidas de apremio para que los sujetos obligados cumplan a cabalidad con los ordenamientos del IVAI.
Cualquier otra ruta que se aleje de la búsqueda efectiva de la certeza informativa, sólo es demagogia.
Opaca transparencia
La transparencia nunca ha sido “su fuerte”. Suele ser utilizado para defender, o justificar, esas acciones de gobierno que cojean en el tema jurídico.
A Flavino Ríos Alvarado se le conoce como buen abogado, aunque por desgracia ocupa su pericia en la materia para disimular las trampas del gobernante en turno.
Ahora llama la atención por la iniciativa que presentó para reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz
El documento –que seguramente no fue idea suya, y tal vez ni siquiera participó en su elaboración- considera una serie de reformas que restan capacidad de decisión a los consejeros y significan severos retrocesos en materia de acceso a la información.
A pesar de que en la exposición de motivos se admite que “la transparencia constituye uno de los ejes fundamentales en el escrutinio del quehacer público de orden gubernamental”, Flavino Ríos plantea una modificación al Artículo 72 de ese ordenamiento que hace aún más vaga la obligatoriedad para cumplir con las decisiones del Consejo.
La iniciativa plantea que el cargo de Consejero Presidente tenga una duración de dos años improrrogables y que sea electo por mayoría de votos de los Consejeros del Instituto, en sesión que el Consejo celebre para tal efecto.
Crea la figura de Secretario Ejecutivo, un servidor público que duraría en su cargo tres años, y que podría ser ratificado por otro periodo similar, y su designación y remoción estaría a cargo de la mayoría de los Consejeros.
Lo que plantea Flavino Ríos, es una estructura muy similar a la que opera en el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) y que tantos problemas ha causado, principalmente por el permanente choque entre el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo.
Propone la creación de la figura del Secretario de Acuerdos, que duraría en su cargo tres años, con la posibilidad de ratificación por otro periodo igual y que, como el Secretario Ejecutivo, sería designado por mayoría de los Consejeros.
Entre sus funciones estará la de actuar como secretario de actas del Consejo General y supervisar las actividades para la integración y sustanciación de los recursos, “contando para ello con el personal necesario de acuerdo a la disponibilidad presupuestal”.
Esto es, una mayor carga presupuestal, y más burocracia.
Flavino Ríos –o al menos el documento que él firma- asegura que con esas reformas se busca dotar de “mayor eficiencia” a la legislación positiva, acrecentar el ejercicio efectivo del derecho a la información e introducir mayor eficiencia en el funcionamiento de ese organismo autónomo.
¿Quién le dijo que era ineficiente? ¿De dónde sacó que no haya un “ejercicio efectivo” del derecho?
Coincido con él en que la sociedad y el gobierno deben continuar impulsando la transparencia en el quehacer público, con miras a hacer de ello un ejercicio cotidiano, de beneficio social para todos.
En lo que no coincido es en las formas. Si de verdad pretende impulsar un ejercicio real de transparencia, desde su posición puede demandar que las autoridades del estado se abran a la sociedad. Que digan dónde quedaron esos 35 mil millones de pesos que él mismo admite que debe el Gobierno de Veracruz, cuando en el 2004 los pasivos eran de 3 mil 500 millones de pesos.
Debe fomentar una revisión seria y a fondo de las “reservas” que el gobierno estatal ha hecho a diversos temas que debe conocer la sociedad, como lo que gasta el Gobierno del estado en publicidad y el nombre de las empresas beneficiadas.
Buscar la transparencia no es sólo engordar al organismo encargado de velar por esas tareas, sino establecer medidas de apremio para que los sujetos obligados cumplan a cabalidad con los ordenamientos del IVAI.
Cualquier otra ruta que se aleje de la búsqueda efectiva de la certeza informativa, sólo es demagogia.
