Raymundo Riva Palacio
Genaro García Luna es, entre los secretarios prominentes del gabinete de Felipe Calderón, el que menos habla con la prensa. Sin embargo, es el que más difusión negativa registra en los medios de comunicación, paradójicamente, por ser quien más los utiliza con fines de difusión de operativos y logros. Durante casi cuatro años ató su estrategia de información a video tours por las residencias más exóticas de los narcotraficantes, a grabaciones de operativos y a entrevistas con algunos de los criminales más sobresalientes. Lo último fue el apoyo a Televisa para la grabación de la nueva telenovela “El Equipo”, que le generó un nuevo problema político.
García Luna no es un productor de televisión sino un policía, técnico y altamente capacitado, que utiliza las imágenes como modelo de comunicación política y propaganda. El método no es inédito en el mundo –hay programas de televisión en otros países sobre casos de éxito para enaltecer a la policía, o casos sin resolver, que buscan información entre el público a través de su difusión-, pero se ha vuelto un instrumento muy controvertido, detonador del creciente descrédito público del secretario de Seguridad Pública Federal.
No hay semana tranquila para García Luna. No sólo en su trabajo, sino como el destinatario de voces que cada vez se multiplican más por la exigencia de su renuncia. La última, que desencadenó una vez la persecución mediática en su contra, fue la ocurrencia del poeta Javier Sicilia, quien en el Zócalo pidió hace unos días al Presidente que lo destituyera como una señal que a quienes marcharon durante cuatro días por la paz y la seguridad, sí los escucha. La Presidencia los escuchó, bien y fuerte. No se va, respondió. Al menos, por ahora.
García Luna, que se encuentra muy cerca de los ánimos del presidente Felipe Calderón, no ha sido bien analizado. El gran respaldo presidencial se debe a que es quien interpreta mejor las ideas presidenciales para el combate a la criminalidad, y quien aplica soluciones en los tiempos que ofrece. No necesariamente significa que tiene el consenso dentro del gobierno, muchos menos dentro del PAN, algunos de cuyos legisladores le han dicho al Presidente en reuniones privadas que la estrategia contra los cárteles de la droga, les hace mella política y electoralmente.
El secretario está blindado. Cada vez que arrecia la crítica por la manera por la manera como a través de la televisión promociona sus golpes, las encuestas del gobierno reflejan que la mayoría de los mexicanos reacciona positivamente y aumenta el número de personas que dicen que el Presidente sí está haciendo algo para enfrentar a los cárteles de la droga. Las encuestas, que sólo muestran la fotografía del instante, le da al Presidente el consenso entre la masa para mantener su lógica de fuerza contra el narcotráfico, y al secretario, la validez del vehículo de difusión.
La defensa permanente de Los Pinos a García Luna, la solidez que muestra su inamovilidad, la manera pública como desprecia a sus críticos –que este sí parecería ni ver ni oír-, va reclutando nuevas voces que se oponen a él, como persona, a su trabajo, a su equipo, y a sus resultados: muchos detenidos, muchos cárteles afectados, mucha violencia. El antagonismo hacia el secretario no es resultado divino. Hay razones y personas que han alimentado la campaña, que ha tenido la suma de críticos de diferente origen.
El problema de origen es el caso del operativo donde se detuvo a la francesa Florence Cassez, sentenciada por secuestro y delitos relacionados con la delincuencia organizada. El alegato de defensores y críticos de García Luna sobre esa acción, realizada cuando era el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio pasado, es que se violó el debido proceso, aunque cada vez que se plantea el argumento se documenta con un “montaje” en televisión para presumir la operación. El montaje nunca existió, y se comprueba al aparecer en la parte baja de la televisión, cuando avanzan los periodistas a la casa donde se encuentra Cassez, los datos de cuántos secuestrados y delincuentes se encontraban en el lugar. Esa información no podía haber existido de haber sido una transmisión “en vivo”, como lo dijo la televisión, sino de una acción previamente concluida. Lo que sí sucedió fue una “reconstrucción”, como siempre lo ha dicho García Luna.
La discusión de montaje versus reconstrucción ocultó el tema de fondo del Caso Cassez. Las fallas en el debido proceso no estaba en la transmisión de televisión, sino en que no se notificó inmediatamente al cónsul de Francia de la detención de su connacional, lo que altera, en efecto, el procedimiento legal del caso. Por no haber informado a un cónsul mexicano en Estados Unidos del arresto de un connacional, el gobierno mexicano evitó que pagara con la muerte un crimen, en el afamado Caso Avena.
Pero lo superficial es lo que llevó a García Luna al centro del debate público, aprovechado por sus enemigos dentro para alimentar la campaña de corrupción y de vínculos con el narcotráfico. Uno muy prominente, la fuente central de varios medios que hicieron de su ataque al secretario una cruzada, es el general Tomás Ángeles, quien fue destituido como subsecretario en este gobierno –oficialmente pasó a retiro por la edad-, y que se obsesionó con el cargo de García Luna, al que minó con éxito mediático al diseminar las versiones de que estaba coludido con el narcotráfico.
El caso Cassez, la estrategia televisiva de comunicación, y las revelaciones del general Ángeles a la prensa, han sido exitosos en minar públicamente la imagen de García Luna. En términos policiales, es respaldado por el Presidente y admirado en el mundo, al probar con hechos lo que ha planteado. Hasta ahora, los beneficios para Calderón al mantenerlo en el cargo son evidentemente superiores a los costos en su imagen pública. ¿Cambiará la ecuación en los meses que faltan del sexenio? ¿Dejará de ser un activo para convertirse en lastre? Nadie puede afirmarlo, pero en la función pública y la política, nada es para siempre.
