PUNTO DE VISTA
Filiberto Vargas Rodríguez
La Diputada local Karime Aguilera Guzmán, vocal de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, anticipó que si la revisión de las cuentas públicas del 2009 arrojó un gran número de Ayuntamientos -130- con inconsistencias que deberán ser solventadas, lo más probable es que la revisión de las cuentas del 2010 será aún peor.
Seguramente no anda muy errada la arquitecta Aguilera.
Emocionados por las cuentas alegres que les hizo Fidel Herrera Beltrán, los ahora ex alcaldes se dieron gusto gastando sin control alguno, y mucho de ese recurso que aparecerá como faltante se habrá dirigido al patrocinio de campañas electorales.
Sin embargo, parece que ese argumento ya no será válido y todos los ex ediles deberán comprobar hasta el último centavo de lo que se gastó en su administración.
En los días recientes han salido a los medios de comunicación varios de los nuevos Presidentes Municipales para dar “un avance” de las auditorías de inicio de gestión que ellos mismos han mandado a hacer. No se trata de revisiones del Orfis, ni de la Secretaría de Fiscalización del Congreso, mucho menos de la Contraloría estatal. Son despachos contratados por las nuevas autoridades municipales para saber de qué tamaño es la crisis que deberán afrontar.
Estos alcaldes han salido a dar un recuento –el suyo- de lo que supuestamente fue mal administrado por su antecesor. Hablan de deudas millonarias que no tienen más sustento que la revisión hecha por un despacho privado, sin autoridad para sancionar.
Estas acciones suenan a una estrategia para “amarrarse el dedo” y blindar sus propias acciones con el argumento de que ellos ya tomaron una administración con serias anomalías.
Es muy probable que, efectivamente, muchas de las administraciones municipales que concluyeron en el 2010 presenten irregularidades, pero en estos momentos lo que se está revisando en el Órgano de Fiscalización Superior es el ejercicio 2009.
Ahora los ex alcaldes están acudiendo ante los auditores del Orfis para solventar las cuentas que presentaron anomalías en ese año. Después, una vez que los tiempos legales así lo determinen, tocará el turno a las cuentas públicas del 2010 y entonces se podrán confrontar las observaciones del Orfis con las auditorías que contrataron los nuevos alcaldes.
Por eso llaman a risa las declaraciones de alcaldes como el de Martínez de la Torre, José de la Torre Sánchez; o el de Misantla, Javier Hernández Candanedo; o el de Gutiérrez Zamora, Jaime Pérez Bernabé (casualmente todos de la misma zona, como si hubieran sido asesorados por la misma persona) en las que mencionan ya posibles denuncias penales en contra de los ex alcaldes, mostrando los resultados que su propio despacho entregó de la auditoría contratada.
Esto es consecuencia del grotesco aparato publicitario que se manejó con la emisión de 115 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios municipales. Como si todas las averiguaciones hubieran salido de manera simultánea, como si todos los jueces se hubieran puesto de acuerdo para emitir las órdenes de captura al mismo tiempo pero, además, filtrándolo a los medios de comunicación con suficiente anticipación para que los amigos incluidos en esa lista negra se escondieran y gestionaran sus amparos.
Hay, sin embargo, quienes creen que la cosa va en serio y se sienten con las atribuciones como para meter ellos mismos a la cárcel a sus antecesores. Están equivocados. Las leyes son muy claras en la materia y están bien definidos los tiempos para argumentar ante el Orfis lo que a su juicio convenga.
Ya nadie se espanta con el petate del muerto y los ex alcaldes no están dispuestos a echarse en los hombros las culpas que las nuevas autoridades les quieran fabricar.
Es cuestión de sentido común.
Filiberto Vargas Rodríguez
La Diputada local Karime Aguilera Guzmán, vocal de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, anticipó que si la revisión de las cuentas públicas del 2009 arrojó un gran número de Ayuntamientos -130- con inconsistencias que deberán ser solventadas, lo más probable es que la revisión de las cuentas del 2010 será aún peor.
Seguramente no anda muy errada la arquitecta Aguilera.
Emocionados por las cuentas alegres que les hizo Fidel Herrera Beltrán, los ahora ex alcaldes se dieron gusto gastando sin control alguno, y mucho de ese recurso que aparecerá como faltante se habrá dirigido al patrocinio de campañas electorales.
Sin embargo, parece que ese argumento ya no será válido y todos los ex ediles deberán comprobar hasta el último centavo de lo que se gastó en su administración.
En los días recientes han salido a los medios de comunicación varios de los nuevos Presidentes Municipales para dar “un avance” de las auditorías de inicio de gestión que ellos mismos han mandado a hacer. No se trata de revisiones del Orfis, ni de la Secretaría de Fiscalización del Congreso, mucho menos de la Contraloría estatal. Son despachos contratados por las nuevas autoridades municipales para saber de qué tamaño es la crisis que deberán afrontar.
Estos alcaldes han salido a dar un recuento –el suyo- de lo que supuestamente fue mal administrado por su antecesor. Hablan de deudas millonarias que no tienen más sustento que la revisión hecha por un despacho privado, sin autoridad para sancionar.
Estas acciones suenan a una estrategia para “amarrarse el dedo” y blindar sus propias acciones con el argumento de que ellos ya tomaron una administración con serias anomalías.
Es muy probable que, efectivamente, muchas de las administraciones municipales que concluyeron en el 2010 presenten irregularidades, pero en estos momentos lo que se está revisando en el Órgano de Fiscalización Superior es el ejercicio 2009.
Ahora los ex alcaldes están acudiendo ante los auditores del Orfis para solventar las cuentas que presentaron anomalías en ese año. Después, una vez que los tiempos legales así lo determinen, tocará el turno a las cuentas públicas del 2010 y entonces se podrán confrontar las observaciones del Orfis con las auditorías que contrataron los nuevos alcaldes.
Por eso llaman a risa las declaraciones de alcaldes como el de Martínez de la Torre, José de la Torre Sánchez; o el de Misantla, Javier Hernández Candanedo; o el de Gutiérrez Zamora, Jaime Pérez Bernabé (casualmente todos de la misma zona, como si hubieran sido asesorados por la misma persona) en las que mencionan ya posibles denuncias penales en contra de los ex alcaldes, mostrando los resultados que su propio despacho entregó de la auditoría contratada.
Esto es consecuencia del grotesco aparato publicitario que se manejó con la emisión de 115 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios municipales. Como si todas las averiguaciones hubieran salido de manera simultánea, como si todos los jueces se hubieran puesto de acuerdo para emitir las órdenes de captura al mismo tiempo pero, además, filtrándolo a los medios de comunicación con suficiente anticipación para que los amigos incluidos en esa lista negra se escondieran y gestionaran sus amparos.
Hay, sin embargo, quienes creen que la cosa va en serio y se sienten con las atribuciones como para meter ellos mismos a la cárcel a sus antecesores. Están equivocados. Las leyes son muy claras en la materia y están bien definidos los tiempos para argumentar ante el Orfis lo que a su juicio convenga.
Ya nadie se espanta con el petate del muerto y los ex alcaldes no están dispuestos a echarse en los hombros las culpas que las nuevas autoridades les quieran fabricar.
Es cuestión de sentido común.
