Expediente 2010
Luis Velázquez y asociados
En la página 179 del informe del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) al Congreso local sobre la cuenta pública del año 2009 en el Ayuntamiento de Córdoba, dice:
‘‘Conclusiones:
Primera. Se detectaron irregularidades en la gestión financiera de Córdoba, notificadas en los pliegos de observaciones y no solventadas en el plazo legal previsto, que hacen presumir la existencia de responsabilidad resarcitoria por un daño patrimonial de 53 millones 976 mil 410 pesos.
Segunda. Se detectaron irregularidades por erogaciones aplicadas en conceptos distintos a los de infraestructura social previstos en la legislación aplicable, por un monto de 519 mil 410 pesos.
Tercera. Se detectaron inconsistencias de carácter administrativo en Córdoba, que se registran en el correspondiente apartado de Observaciones’’.
Nombre del alcalde: priista Juan Lavín.
Nombre de su esposa: diputada Paulina Muguira.
Nombre del suegro del presidente municipal: Domingo Muguira, empresario cafetalero, a quien el ex gobernador Dante Delgado Rannauro impulsó de manera significativa para poner un periódico, El Liberal, en Coatzacoalcos, y que en el sexenio de Patricio Chirinos Calero pasara a propiedad de Miguel Angel Yunes Linares, Miguel Melchor López Azuara y Edel Álvarez Peña, y que en el sexenio siguiente quedara únicamente como propiedad de Álvarez Peña, magistrado del Tribunal Superior de Justicia dado sus méritos en la barandilla.
Así, ninguna duda existe hoy del siguiente escenario:
Uno.
La diputada Paulina Muguira cabildea en el Congreso para que su cónyugue, el ex alcalde Juan Lavín, sea exonerado de cualquier sospecha.
Dos.
El empresario Domingo Muguira también estaría (y ojalá estuviéramos equivocados) operando para que su yerno, el papá de sus nietos, salga bien librado de la auditoría del Orfis y el dictamen del Congreso.
Tres.
Si el ex presidente municipal es perdonado y el sucesor, Francisco Portilla Bonilla, guarda silencio, incurrirá en un delito de la ley de servidores públicos llamado ‘‘Responsabilidad Subsidiaria’’.
Cuatro.
Si el Congreso calla ante el informe del Orfis se volverá cómplice, y más porque ha procedido con los ex ediles charalitos avalando la cuenta pública de los tiburones políticos.
Cinco.
El discurso del secretario General de Gobierno de que ‘‘en 64 días se ha transformado Veracruz’’, con orden, disciplina y combate a la impunidad, quedará en evidencia, y por el contrario, en el imaginario colectivo se tendrá la sensación de un gobierno parcial, tolerante, cómplice y aliado de los poderosos, los ricos, los magnates.
PRIISTA, PEZ GRANDE Y CORDOBÉS
El Orfis detalla a la Comisión Permanente de Vigilancia, presidida por el diputado Américo Zúñiga Martínez, todas y cada una de las 19 irregularidades e inconsistencias detectadas en la cuenta pública del año 2009 en el Ayuntamiento cordobés.
Y en la misma línea registra, por un lado, el número de observación, y por el otro, el daño patrimonial, que oscila desde 4 mil 500 pesos (Observación 045/2009/003 LP) a la más alta, 25 millones 39 mil 453 pesos con 46 centavos (Observación 045/2009/021 BP), hasta sumar los casi 54 millones y medio de pesos.
En el daño patrimonial, además de tratarse de recursos estatales, hay recursos federales bajo sospecha, y por tanto, si el Congreso local tolera y solapa a Juan Lavín, el Congreso de la Unión puede abrirle un juicio sumario, donde ni Américo Zúñiga ni Paulina Muguira tocarán baranda.
Ciertamente, y como dice Jorge González Azamar, dos veces alcalde de Catemaco y también en la lista negra del Orfis y el Congreso, en algunos casos se trata de simples documentos faltantes para integrar un buen informe.
Pero en el caso de Córdoba abruma la lista interminable de las observaciones, pero más aún las conclusiones lapidarias del Orfis.
Y más, porque a la hora de dictaminar la cuenta de 2009 de los 123 ex ediles con orden de aprehensión... la diputada Paulina Muguira se abstuvo, pues sabía que la cuenta de su esposo figuraba en la lista negra.
Juan Lavín es priista, un pez grande y cordobés.
El secretario General de Gobierno es cordobés y quien ha mantenido un duro y constante discurso en contra de la impunidad.
El secretario de Desarrollo Económico, el panista Erick Porres Blesa, también es cordobés y debe su cargo, no tan sólo a Manuel Espino, de quien fuera secretario particular en el CEN del PAN, sino a su tío Othón Porres, un empresario importante del sexenio.
Francisco Portilla es priista, alcalde por segunda ocasión, pero sobre todo, un político tan mesurado como negociador.
Y si el PRI perdió la elección de gobernador en Guerrero y Baja California, llevar a juicio al tricolor Juan Lavín sería perjudicial para la familia roja en Córdoba de cara a la elección presidencial, senadores y diputados federales en el 2012.
Pero más terrible sería que la población electoral advirtiera que la cúpula priista perdona a Juan Lavín... en caso de que, y como asienta el Orfis, sea culpable.
Y más si se recuerda que en el 2010... dos millones y medio de veracruzanos se volvieron abstencionistas, un millón 300 mil sufragaron por el candidato azul y 483 mil por el candidato naranja a gobernador.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
En el documento del Orfis detalla un montón de obra pública con ‘‘un probable daño patrimonial’’, incluyendo una narrativa puntual sobre la planeación, el procedimiento de la revisión física de la obra, la integración del expediente técnico unitario y la motivación.
Y si el Orfis señala con claridad el presunto delito y en el Congreso negocian el dictamen, una vez más quedará ratificado el tráfico de influencias.
Luis Velázquez y asociados
En la página 179 del informe del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) al Congreso local sobre la cuenta pública del año 2009 en el Ayuntamiento de Córdoba, dice:
‘‘Conclusiones:
Primera. Se detectaron irregularidades en la gestión financiera de Córdoba, notificadas en los pliegos de observaciones y no solventadas en el plazo legal previsto, que hacen presumir la existencia de responsabilidad resarcitoria por un daño patrimonial de 53 millones 976 mil 410 pesos.
Segunda. Se detectaron irregularidades por erogaciones aplicadas en conceptos distintos a los de infraestructura social previstos en la legislación aplicable, por un monto de 519 mil 410 pesos.
Tercera. Se detectaron inconsistencias de carácter administrativo en Córdoba, que se registran en el correspondiente apartado de Observaciones’’.
Nombre del alcalde: priista Juan Lavín.
Nombre de su esposa: diputada Paulina Muguira.
Nombre del suegro del presidente municipal: Domingo Muguira, empresario cafetalero, a quien el ex gobernador Dante Delgado Rannauro impulsó de manera significativa para poner un periódico, El Liberal, en Coatzacoalcos, y que en el sexenio de Patricio Chirinos Calero pasara a propiedad de Miguel Angel Yunes Linares, Miguel Melchor López Azuara y Edel Álvarez Peña, y que en el sexenio siguiente quedara únicamente como propiedad de Álvarez Peña, magistrado del Tribunal Superior de Justicia dado sus méritos en la barandilla.
Así, ninguna duda existe hoy del siguiente escenario:
Uno.
La diputada Paulina Muguira cabildea en el Congreso para que su cónyugue, el ex alcalde Juan Lavín, sea exonerado de cualquier sospecha.
Dos.
El empresario Domingo Muguira también estaría (y ojalá estuviéramos equivocados) operando para que su yerno, el papá de sus nietos, salga bien librado de la auditoría del Orfis y el dictamen del Congreso.
Tres.
Si el ex presidente municipal es perdonado y el sucesor, Francisco Portilla Bonilla, guarda silencio, incurrirá en un delito de la ley de servidores públicos llamado ‘‘Responsabilidad Subsidiaria’’.
Cuatro.
Si el Congreso calla ante el informe del Orfis se volverá cómplice, y más porque ha procedido con los ex ediles charalitos avalando la cuenta pública de los tiburones políticos.
Cinco.
El discurso del secretario General de Gobierno de que ‘‘en 64 días se ha transformado Veracruz’’, con orden, disciplina y combate a la impunidad, quedará en evidencia, y por el contrario, en el imaginario colectivo se tendrá la sensación de un gobierno parcial, tolerante, cómplice y aliado de los poderosos, los ricos, los magnates.
PRIISTA, PEZ GRANDE Y CORDOBÉS
El Orfis detalla a la Comisión Permanente de Vigilancia, presidida por el diputado Américo Zúñiga Martínez, todas y cada una de las 19 irregularidades e inconsistencias detectadas en la cuenta pública del año 2009 en el Ayuntamiento cordobés.
Y en la misma línea registra, por un lado, el número de observación, y por el otro, el daño patrimonial, que oscila desde 4 mil 500 pesos (Observación 045/2009/003 LP) a la más alta, 25 millones 39 mil 453 pesos con 46 centavos (Observación 045/2009/021 BP), hasta sumar los casi 54 millones y medio de pesos.
En el daño patrimonial, además de tratarse de recursos estatales, hay recursos federales bajo sospecha, y por tanto, si el Congreso local tolera y solapa a Juan Lavín, el Congreso de la Unión puede abrirle un juicio sumario, donde ni Américo Zúñiga ni Paulina Muguira tocarán baranda.
Ciertamente, y como dice Jorge González Azamar, dos veces alcalde de Catemaco y también en la lista negra del Orfis y el Congreso, en algunos casos se trata de simples documentos faltantes para integrar un buen informe.
Pero en el caso de Córdoba abruma la lista interminable de las observaciones, pero más aún las conclusiones lapidarias del Orfis.
Y más, porque a la hora de dictaminar la cuenta de 2009 de los 123 ex ediles con orden de aprehensión... la diputada Paulina Muguira se abstuvo, pues sabía que la cuenta de su esposo figuraba en la lista negra.
Juan Lavín es priista, un pez grande y cordobés.
El secretario General de Gobierno es cordobés y quien ha mantenido un duro y constante discurso en contra de la impunidad.
El secretario de Desarrollo Económico, el panista Erick Porres Blesa, también es cordobés y debe su cargo, no tan sólo a Manuel Espino, de quien fuera secretario particular en el CEN del PAN, sino a su tío Othón Porres, un empresario importante del sexenio.
Francisco Portilla es priista, alcalde por segunda ocasión, pero sobre todo, un político tan mesurado como negociador.
Y si el PRI perdió la elección de gobernador en Guerrero y Baja California, llevar a juicio al tricolor Juan Lavín sería perjudicial para la familia roja en Córdoba de cara a la elección presidencial, senadores y diputados federales en el 2012.
Pero más terrible sería que la población electoral advirtiera que la cúpula priista perdona a Juan Lavín... en caso de que, y como asienta el Orfis, sea culpable.
Y más si se recuerda que en el 2010... dos millones y medio de veracruzanos se volvieron abstencionistas, un millón 300 mil sufragaron por el candidato azul y 483 mil por el candidato naranja a gobernador.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
En el documento del Orfis detalla un montón de obra pública con ‘‘un probable daño patrimonial’’, incluyendo una narrativa puntual sobre la planeación, el procedimiento de la revisión física de la obra, la integración del expediente técnico unitario y la motivación.
Y si el Orfis señala con claridad el presunto delito y en el Congreso negocian el dictamen, una vez más quedará ratificado el tráfico de influencias.
