lunes, 24 de enero de 2011

CAMALEÓN

Alfredo Bielma
 

SEGURIDAD PÚBLICA
 
Desde la creación del Estado la Seguridad Pública, la Salud y la Educación figuran entre sus principales fines. Sin duda en la actualidad siguen conformando una trilogía de funciones de la mayor importancia en cualquier gobierno y para cualquier población; en los hechos los parámetros de bienestar social, calidad de vida y prosperidad de los pueblos se miden en términos de Salud, Educación y Seguridad acompañados, por supuesto, por índices económicos como el Producto Interno Bruto, distribución de la riqueza, desigualdad social, etc.

En los tiempos que corren el Estado mexicano sufre una severa crisis de inseguridad que ha hecho violenta erupción a partir de que el presidente Calderón decidió declarar una guerra frontal en contra del crimen organizado, un expediente que sus antecesores en el cargo evadieron (en el menor de los supuestos) y con esa omisión propiciaron el crecimiento exponencial del poderío de los malosos. Un poderío que ha permeado a buena parte de los Estados de la república, Veracruz, entre ellos. Aquellos cuya edad frise sobre los cincuenta años recordarán cómo en la década de los ochenta: ciudades como Guadalajara, Culiacán, Ciudad Juárez y algunas otras poblaciones del Occidente y Norte del país comenzaban a ser presa de balaceras callejeras, se hablaba entonces del riesgo de que en México nos “colombianizaramos”, aludiendo con ello al severo desencuentro que el gobierno de aquel país tenía en contra de los capos de la droga.

Pero ahora resulta que el destino nos alcanzó, válgase el lugar común. En México ya estamos inmersos en esa problemática social y cotidianamente padecemos la sintomatología de ese cáncer colectivo. En Veracruz tampoco podríamos librarnos del endémico mal por nuestra posición geográfica de privilegio; desde hace muchos años ya escuchábamos hablar del Cartel de Chachalacas, que dado a lo subrepticio de su existencia encubría muy bien la desidia de los gobiernos, mientras que al interior de la sociedad solo era materia de cuchicheos en tertulias y cafeterías, como un fenómeno aleatorio de los tiempos modernos.

Coincidencia o no, empezamos a tomar noción de la problemática cuando nos venían a “tirar la basura de otros lados”; cuando los asesinatos “los cometían gentes llegadas de otros Estados”, cuando se aseguraba retóricamente que en “Veracruz el que la hace la paga”. Hasta que con lo de Villarín se abrió la Caja de Pandora, a pesar de la tozudez de las autoridades estatales en negar un hecho tan obvio por su relevancia.

Una de las asignaturas, de entre las muchas que el gobierno de Fidel Herrera no pudo ni supo rendir buenas cuentas a la población veracruzana fue, evidentemente, el de la Seguridad Pública. Lo sabíamos cuando estaba al frente del gobierno, se comentó en no pocas ocasiones que su gobierno había sido rebasado por las fuerzas del crimen; pero era más que obvio que no estaba dentro de sus prioridades iniciar una batalla para la que no esta preparada la policía estatal, quizás tan infiltrada como la generalidad de sus similares en el país. (Dice un parte de la Sedena publicado recientemente por @-consulta-Veracruz que en los diferendos que sus elementos tuvieron con las fuerzas del la Policía Intermunicipal destacaba “que las peleas y roces entre ambos bandos siempre comenzaron por que los policías bloquearon el trabajo de los militares cuando trataban de revisar o detener a un presunto delincuente”).

Por ello no es extraño que los trabajos de certificación de mandos en Veracruz vayan demasiado lentos pues, según el senador Bueno Torio: “hasta el momento únicamente se ha certificado el seis por ciento de los elementos de la SSP. Y esto pone en tela de juicio el desempeño del otro 94 por ciento de los policías de la Secretaría de Seguridad Pública, debido a que no han sido evaluados, como se estableció en el Acuerdo Nacional por la Seguridad”.

Ahora que el enfrentamiento a balazos en las calles empieza a ser un asunto de periodicidad casi cotidiana en diferentes ciudades de la geografía veracruzana, va en incremento la psicosis colectiva. En este sentido bien haría el gobierno del Estado en formular estrategias mejor diseñadas para no caer en contradicciones que generen desconfianza. De allí que desde la sociedad lleguen reclamos como el de Miguel Aguilar Morales, presidente de Canacintra, quien afirma: “La psicosis que se generó el viernes pasado en Xalapa, en parte “es culpa del Gobierno del Estado, que no da información exacta de los hechos delictivos que ocurren, y la gente piensa que se está ocultando algo más fuerte y se generan rumores”.

No ayudan resbalones como en el caso del desaparecido comandante de la Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, Raúl Espinoza Alvarado, de quien el propio gobernador había informado que estaba sujeto a una investigación de la PGR, pero funcionarios de esa dependencia aclararon a Notimex que “Espinoza Alvarado ni está a disposición de la citada área de la dependencia federal ni sujeto a investigación”. Aunado a esto, cuando la balacera en Cardel de inmediato fue un hecho negado por Buganza, quien con acelerado desgaste de seguir como va acabará por perder toda credibilidad, lo que sería grave en virtud el puesto que desempeña.

Por si fuera poco, en el colmo de las perplejidades, el padre Alejandro Solalinde quien está a cargo de la Casa del Migrante de Ixtepec, Oaxaca, acaba de hacer un serio señalamiento en contra del ex gobernador veracruzano a quien señala como cómplice del secuestro de migrantes en el sur de Veracruz. “Fidel Herrera no solo ha ocultado información, sino que ha sido, según testimonio, parte de eso (secuestro y asesinato de migrantes”, dice una nota publicada en Imagen de Veracruz del 18 de enero del presente año. De esto, según Solalinde, ya tienen conocimiento la Segob y la OEA.

Inmersa en esa mar de informaciones encontradas, la sociedad veracruzana vive afligida por los enfrentamientos armados en los que se pone en riesgo la vida de seres inocentes, y está apesadumbrada por haber perdido la calidad de vida de la que antaño gozaba. He allí la grave responsabilidad del gobierno veracruzano al que se le acumulan los problemas, pues a la insuficiencia de recursos económicos debe agregar el de propiciar confianza en su gobierno a través de acciones que lo posesionen como el líder que los veracruzanos necesitamos para seguir adelante y, juntos, ciudadanía y gobierno, fortificarnos para superar la azarosa contingencia del momento.