Alfredo Bielma
AZUETA Y COXQUIHUI
Sin lugar a dudas, la legislación de nuestro país es producto de sus circunstancias históricas, de los movimientos revolucionarios causados por el atraso económico y político que por siglos hemos padecido. Todo ello lo encontramos registrado en nuestro marco constitucional porque allí están reflejados la larga lucha por conseguir la libertad de credos, la libertad de expresión, la educación laica y gratuita, la prohibición de los monopolios, la libre organización obrera, el municipio libre, el principio de sufragio efectivo y no reelección, etc. Todo está registrado en la Constitución General de la República y en las leyes secundarias correspondientes porque significan el tránsito de un pueblo que anhela paz y libertad de la esclavitud a la soberanía popular.
En la primera mitad del siglo XIX en México no había partidos políticos pero las logias masónicas se constituyeron como medios para el combate político; fue muy destacable la pugna entre federalistas y centralistas, que más tarde se trocó entre liberales y conservadores. El Rito Escocés reunió primero a los militares que vinieron a combatir a los independentistas y consumada la independencia aglutinó a los realistas para preservar los privilegios de la clase poderosa de entonces, favoreciendo la forma monárquica de gobierno. Este Rito fue fundado por Francis Bacon. Después vino el rito Yorkino organizado en México por Lorenzo de Zavala y Vicente Guerrero, favorecido por el embajador americano Joel R. poinsett para impulsar la idea del federalismo en México.
Durante el siglo XIX iniciamos el movimiento de independencia, nos dimos un régimen de gobierno federal, perdimos gran parte de nuestro territorio, nos dimos las leyes de reforma, fuimos invadidos y convertidos en Imperio para, finalmente, sufrir una larga dictadura cuyos inicios paradójicos se marcaron con el lema de la no reelección en el Plan de la Noria del 8 de noviembre de 1871 y en el Plan de Tuxtepec del 10 de enero de 1876. El primer Plan fue en contra de la reelección de Benito Juárez quien por la guerra de reforma y la lucha contra la invasión francesa había permanecido al frente de la presidencia durante 14 años de 1858 a 1872, año de su muerte.
Con el triunfo del Plan de Tuxtepec en contra de Sebastian Lerdo de Tejada, en 1976 Porfirio Díaz asume la presidencia de la república y a partir de ese mandato-con el intermedio del periodo presidencial de Manuel González (1880 a 1884), el dictador se mantuvo en el cargo hasta mayo de 1911.
Fue un largo periodo de 45 años, en el que dos hombres, oaxaqueños ambos, Benito Juárez y Porfirio Díaz se mantuvieron en el poder. Este solo hecho nos da la explicación del porque de la importancia de la No Reelección y del Sufragio Efectivo.
Apenas promulgada la Constitución de 1917, un día después de que entró en vigencia la Carta Magna, se promulgó la primera ley electoral que fue reformada al año siguiente. Este ordenamiento electoral que estuvo vigente hasta 1946 estableció el voto secreto, a la vez que exigía a los partidos políticos la presentación de un programa de gobierno y la obligación de registrar a sus candidatos.
Pero la convivencia con el poder despierta apetitos insaciables provocando que el político ambicione la retención del poder, tal y como aconteció con Álvaro Obregón, quien después de haber sido presidente de la república de 1920 a 1924, en 1927 aspiró nuevamente a la presidencia, no sin antes presionar al gobierno de Calles para hacer las reformas constitucionales que hicieran posible su propósito. De cualquier manera, el intento reeleccionista fue frustrado por un atentado a Obregón que le quitó la vida en julio de 1928, a escasos días de haber ganado las elecciones de ese año.
En 1929 se creó el Partido Nacional Revolucionario con la idea de terminar con los gobiernos de caudillos y crear las bases de un régimen de leyes e instituciones. Ya no más levantamientos armados, no más cuartelazos, los cambios de hombres en el poder se empezarían a hacer a través de elecciones. Este partido cambió de nombre en 1938 a Partido de la Revolución Mexicana y en 1946 se transformó en Partido Revolucionario Institucional.
En ese orden de ideas, desde 1929 hasta el año 1994 todos los presidentes de la república fueron postulados como candidatos por estos partidos. No se olvida que los candidatos a alcaldes, a legisladores locales o federales y gobernadores que fueron postulados por el Partido Revolucionario Institucional, casi en automático alcanzaban el puesto.
En 1946, se expidió la Ley Federal Electoral que ordenaba a la Secretaría de Gobernación registrar a los partidos, reconociéndoles personalidad política, a la vez que se les otorgaba el monopolio de toda participación electoral. Es claro que la partidocracia tiene antecedentes genéticos en la historia de México.
Por aquel entonces se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral para encargarse de la organización electoral. Con esta Ley el empadronamiento fue tarea del orden federal encomendado al Consejo del Padrón Electoral creado para tales efectos dejando sin materia a las autoridades estatales y municipales antes encargadas de esa tarea. La idea era impedir toda ingerencia de grupos de interés locales. De cualquier manera esta Ley creó las Comisiones Locales Electorales, los Comités Distritales, la Junta Computadora y las Mesas de Casillas. La Suprema Corte de Justicia tenía la facultad de intervenir en los conflictos electorales.
A mediados del régimen de Alemán Valdez, en 1949, se reformó la Ley Electoral y entre otros aspectos se excluyó a la Suprema Corte de Justicia de la función de vigilar la organización de los comicios entregando estas funciones a la Procuraduría General de la República. Para ese entonces había tres partidos legalmente registrados: el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Popular. En 1951 se redujo de dos a un representante del Poder Legislativo en la Comisión Federal Electoral y se aumentó de dos a tres el número de delegados de los partidos políticos. El Consejo del Padrón Electoral se convirtió en Registro Nacional de Electores que operaría en todo el territorio nacional para integrar el padrón.
Mucho más se podría escribir acerca de los antecedentes que explican el porqué de la desconfianza ciudadana respecto de los órganos electorales y del porqué funcionan las actuales instituciones electorales. Una colaboración hebdomadaria no alcanza para detallar esa historia. Dejémoslo como una incógnita que a su esclarecimiento revelará con iluminados destellos el porqué se dieron tantos brincos en Azueta solo para quedar en el mismo lugar. Encontraremos que no hay nada nuevo bajo el sol.
AZUETA Y COXQUIHUI
Sin lugar a dudas, la legislación de nuestro país es producto de sus circunstancias históricas, de los movimientos revolucionarios causados por el atraso económico y político que por siglos hemos padecido. Todo ello lo encontramos registrado en nuestro marco constitucional porque allí están reflejados la larga lucha por conseguir la libertad de credos, la libertad de expresión, la educación laica y gratuita, la prohibición de los monopolios, la libre organización obrera, el municipio libre, el principio de sufragio efectivo y no reelección, etc. Todo está registrado en la Constitución General de la República y en las leyes secundarias correspondientes porque significan el tránsito de un pueblo que anhela paz y libertad de la esclavitud a la soberanía popular.
En la primera mitad del siglo XIX en México no había partidos políticos pero las logias masónicas se constituyeron como medios para el combate político; fue muy destacable la pugna entre federalistas y centralistas, que más tarde se trocó entre liberales y conservadores. El Rito Escocés reunió primero a los militares que vinieron a combatir a los independentistas y consumada la independencia aglutinó a los realistas para preservar los privilegios de la clase poderosa de entonces, favoreciendo la forma monárquica de gobierno. Este Rito fue fundado por Francis Bacon. Después vino el rito Yorkino organizado en México por Lorenzo de Zavala y Vicente Guerrero, favorecido por el embajador americano Joel R. poinsett para impulsar la idea del federalismo en México.
Durante el siglo XIX iniciamos el movimiento de independencia, nos dimos un régimen de gobierno federal, perdimos gran parte de nuestro territorio, nos dimos las leyes de reforma, fuimos invadidos y convertidos en Imperio para, finalmente, sufrir una larga dictadura cuyos inicios paradójicos se marcaron con el lema de la no reelección en el Plan de la Noria del 8 de noviembre de 1871 y en el Plan de Tuxtepec del 10 de enero de 1876. El primer Plan fue en contra de la reelección de Benito Juárez quien por la guerra de reforma y la lucha contra la invasión francesa había permanecido al frente de la presidencia durante 14 años de 1858 a 1872, año de su muerte.
Con el triunfo del Plan de Tuxtepec en contra de Sebastian Lerdo de Tejada, en 1976 Porfirio Díaz asume la presidencia de la república y a partir de ese mandato-con el intermedio del periodo presidencial de Manuel González (1880 a 1884), el dictador se mantuvo en el cargo hasta mayo de 1911.
Fue un largo periodo de 45 años, en el que dos hombres, oaxaqueños ambos, Benito Juárez y Porfirio Díaz se mantuvieron en el poder. Este solo hecho nos da la explicación del porque de la importancia de la No Reelección y del Sufragio Efectivo.
Apenas promulgada la Constitución de 1917, un día después de que entró en vigencia la Carta Magna, se promulgó la primera ley electoral que fue reformada al año siguiente. Este ordenamiento electoral que estuvo vigente hasta 1946 estableció el voto secreto, a la vez que exigía a los partidos políticos la presentación de un programa de gobierno y la obligación de registrar a sus candidatos.
Pero la convivencia con el poder despierta apetitos insaciables provocando que el político ambicione la retención del poder, tal y como aconteció con Álvaro Obregón, quien después de haber sido presidente de la república de 1920 a 1924, en 1927 aspiró nuevamente a la presidencia, no sin antes presionar al gobierno de Calles para hacer las reformas constitucionales que hicieran posible su propósito. De cualquier manera, el intento reeleccionista fue frustrado por un atentado a Obregón que le quitó la vida en julio de 1928, a escasos días de haber ganado las elecciones de ese año.
En 1929 se creó el Partido Nacional Revolucionario con la idea de terminar con los gobiernos de caudillos y crear las bases de un régimen de leyes e instituciones. Ya no más levantamientos armados, no más cuartelazos, los cambios de hombres en el poder se empezarían a hacer a través de elecciones. Este partido cambió de nombre en 1938 a Partido de la Revolución Mexicana y en 1946 se transformó en Partido Revolucionario Institucional.
En ese orden de ideas, desde 1929 hasta el año 1994 todos los presidentes de la república fueron postulados como candidatos por estos partidos. No se olvida que los candidatos a alcaldes, a legisladores locales o federales y gobernadores que fueron postulados por el Partido Revolucionario Institucional, casi en automático alcanzaban el puesto.
En 1946, se expidió la Ley Federal Electoral que ordenaba a la Secretaría de Gobernación registrar a los partidos, reconociéndoles personalidad política, a la vez que se les otorgaba el monopolio de toda participación electoral. Es claro que la partidocracia tiene antecedentes genéticos en la historia de México.
Por aquel entonces se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral para encargarse de la organización electoral. Con esta Ley el empadronamiento fue tarea del orden federal encomendado al Consejo del Padrón Electoral creado para tales efectos dejando sin materia a las autoridades estatales y municipales antes encargadas de esa tarea. La idea era impedir toda ingerencia de grupos de interés locales. De cualquier manera esta Ley creó las Comisiones Locales Electorales, los Comités Distritales, la Junta Computadora y las Mesas de Casillas. La Suprema Corte de Justicia tenía la facultad de intervenir en los conflictos electorales.
A mediados del régimen de Alemán Valdez, en 1949, se reformó la Ley Electoral y entre otros aspectos se excluyó a la Suprema Corte de Justicia de la función de vigilar la organización de los comicios entregando estas funciones a la Procuraduría General de la República. Para ese entonces había tres partidos legalmente registrados: el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Popular. En 1951 se redujo de dos a un representante del Poder Legislativo en la Comisión Federal Electoral y se aumentó de dos a tres el número de delegados de los partidos políticos. El Consejo del Padrón Electoral se convirtió en Registro Nacional de Electores que operaría en todo el territorio nacional para integrar el padrón.
Mucho más se podría escribir acerca de los antecedentes que explican el porqué de la desconfianza ciudadana respecto de los órganos electorales y del porqué funcionan las actuales instituciones electorales. Una colaboración hebdomadaria no alcanza para detallar esa historia. Dejémoslo como una incógnita que a su esclarecimiento revelará con iluminados destellos el porqué se dieron tantos brincos en Azueta solo para quedar en el mismo lugar. Encontraremos que no hay nada nuevo bajo el sol.
