Filiberto Vargas Rodríguez
El destino de la deuda
El tema de la deuda pública que acumuló el Gobierno de Veracruz en los últimos seis años preocupa ahora, pero será más grave en el futuro.
Este jueves la bancada del PAN en el Congreso federal se aventó la “puntada” de enviar una iniciativa de reforma constitucional (la Constitución Política Mexicana) para regular la deuda pública en los estados del País.
La coordinadora de la fracción, Josefina Vázquez Mota, dijo que uno de los principales objetivos del proyecto es impedir que cuando un Estado solicite endeudamiento éste sea destinado al gasto corriente de la administración.
¿Ingenua? ¿Mal informada?
En Veracruz –y seguramente en otras entidades- la Constitución local ya observa esa limitante.
El segundo párrafo del Artículo 73 lo dice muy claro: “El Gobierno del Estado podrá recurrir al endeudamiento directo como fuente de recursos, con autorización del Congreso del Estado y para casos excepcionales; dicho endeudamiento sólo podrá utilizarse para inversiones públicas productivas”.
De nada sirvió. Ésa, como muchas otras leyes, fue letra muerta en el Gobierno de Fidel Herrera Beltrán.
Lo cierto es que la duda pública que han acumulado varios estados del país tiene ya severas repercusiones y en diversos foros se han reunido para ponerle cotos.
El senador del PAN, Fernando Elizondo, reveló esta semana que la deuda global de los estados y municipios en el país rebasa los 300 mil millones de pesos, cantidad que puede poner en riesgo la salud de las finanzas públicas.
Elizondo, integrante de la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta, explicó que a ese monto deben sumarse los 50 mil millones de pesos de pasivos que tienen los gobiernos locales, en los que sólo se contabiliza la deuda “a corto plazo”.
Los datos reportados por la Secretaría de Hacienda, a marzo de 2010, daban cuenta de una deuda de 260 mil millones de pesos.
"Sin embargo, de acuerdo con los cálculos de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas, actualmente deben estar arriba de 300 mil millones de pesos, que es la deuda a largo plazo y que normalmente tiene garantía en las participaciones".
El propio Fernando Elizondo es impulsor de una reforma para regular las deudas de los estados y explicó que el endeudamiento representa un riesgo que debe ser controlado a través de una Ley.
Josefina Vázquez Mota, por su parte, defiende la iniciativa de la Cámara de Diputados y explica que en ella se establecen los conceptos con los que debe entenderse la deuda pública con el objetivo de abarcar en un solo concepto las operaciones de corto, mediano y largo plazo que comprometen recursos públicos.
"La falta de regulación en este campo ha provocado un disparo desproporcionado en este rubro y por más que los gobiernos pretenden disfrazarlo, pone en riesgo la viabilidad financiera de los ciudadanos, las finanzas estatales e incluso impacta en el contexto económico nacional", dijo.
El diputado panista Mario Becerra Pocoroba, presidente de la Comisión de Hacienda, destacó que existen estados que tienen una deuda pública “preocupante” y entre esos mencionó a Michoacán, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, Quintana Roo… y Veracruz.
Lo que no se puede pasar por alto es que las calificadoras bursátiles están muy pendientes de las entidades que han decidido incursionar en la Bolsa de Valores y siguen de cerca las acciones para recuperarse de la crisis que les aqueja, como en el caso de Veracruz.
En la última semana todos han hablado de la decisión de Fitch Raitings (FR) de bajar la calificación crediticia de Veracruz debido a su pesado costo de operación, y la posibilidad de que en el mes de abril se apliquen medidas más severas por parte de quienes participan en las acciones bursátiles de la tenencia vehicular, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
Lo que pocos han mencionado es que en esta loca aventura Fidel Herrera no se fue solo, sino que se llevó a casi todos los Ayuntamientos de Veracruz.
El mismo día que FR anunció el ajuste en la calificación del Gobierno del estado, también presentó un reporte en el que baja las calificaciones de las emisiones VRZCB 08U y VRZCB 08 a ‘A-(mex)’ de ‘A(mex)’, que fueron colocadas por 199 Ayuntamientos de Veracruz.
¿La razón?
La baja en la calificación a la calidad crediticia del Estado de Veracruz a ‘BBB-(mex)’ con perspectiva crediticia negativa. De acuerdo a la metodología de Fitch, la calificación de los financiamientos específicos puede verse modificada por cambios en la calificación crediticia del Estado.
En ambas emisiones el Estado de Veracruz asume obligaciones subsidiarias respecto a los municipios participantes en caso de incumplimiento las obligaciones.
Así pues, la deuda de Veracruz le pesa también a los gobiernos municipales, y si resulta urgente la disciplina administrativa en el Estado, la misma medicina deberán tomarla todos los Presidentes Municipales.
Siguen los estragos de la cruda, tras la tremenda borrachera que se puso Veracruz durante seis años.
El destino de la deuda
El tema de la deuda pública que acumuló el Gobierno de Veracruz en los últimos seis años preocupa ahora, pero será más grave en el futuro.
Este jueves la bancada del PAN en el Congreso federal se aventó la “puntada” de enviar una iniciativa de reforma constitucional (la Constitución Política Mexicana) para regular la deuda pública en los estados del País.
La coordinadora de la fracción, Josefina Vázquez Mota, dijo que uno de los principales objetivos del proyecto es impedir que cuando un Estado solicite endeudamiento éste sea destinado al gasto corriente de la administración.
¿Ingenua? ¿Mal informada?
En Veracruz –y seguramente en otras entidades- la Constitución local ya observa esa limitante.
El segundo párrafo del Artículo 73 lo dice muy claro: “El Gobierno del Estado podrá recurrir al endeudamiento directo como fuente de recursos, con autorización del Congreso del Estado y para casos excepcionales; dicho endeudamiento sólo podrá utilizarse para inversiones públicas productivas”.
De nada sirvió. Ésa, como muchas otras leyes, fue letra muerta en el Gobierno de Fidel Herrera Beltrán.
Lo cierto es que la duda pública que han acumulado varios estados del país tiene ya severas repercusiones y en diversos foros se han reunido para ponerle cotos.
El senador del PAN, Fernando Elizondo, reveló esta semana que la deuda global de los estados y municipios en el país rebasa los 300 mil millones de pesos, cantidad que puede poner en riesgo la salud de las finanzas públicas.
Elizondo, integrante de la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta, explicó que a ese monto deben sumarse los 50 mil millones de pesos de pasivos que tienen los gobiernos locales, en los que sólo se contabiliza la deuda “a corto plazo”.
Los datos reportados por la Secretaría de Hacienda, a marzo de 2010, daban cuenta de una deuda de 260 mil millones de pesos.
"Sin embargo, de acuerdo con los cálculos de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas, actualmente deben estar arriba de 300 mil millones de pesos, que es la deuda a largo plazo y que normalmente tiene garantía en las participaciones".
El propio Fernando Elizondo es impulsor de una reforma para regular las deudas de los estados y explicó que el endeudamiento representa un riesgo que debe ser controlado a través de una Ley.
Josefina Vázquez Mota, por su parte, defiende la iniciativa de la Cámara de Diputados y explica que en ella se establecen los conceptos con los que debe entenderse la deuda pública con el objetivo de abarcar en un solo concepto las operaciones de corto, mediano y largo plazo que comprometen recursos públicos.
"La falta de regulación en este campo ha provocado un disparo desproporcionado en este rubro y por más que los gobiernos pretenden disfrazarlo, pone en riesgo la viabilidad financiera de los ciudadanos, las finanzas estatales e incluso impacta en el contexto económico nacional", dijo.
El diputado panista Mario Becerra Pocoroba, presidente de la Comisión de Hacienda, destacó que existen estados que tienen una deuda pública “preocupante” y entre esos mencionó a Michoacán, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, Quintana Roo… y Veracruz.
Lo que no se puede pasar por alto es que las calificadoras bursátiles están muy pendientes de las entidades que han decidido incursionar en la Bolsa de Valores y siguen de cerca las acciones para recuperarse de la crisis que les aqueja, como en el caso de Veracruz.
En la última semana todos han hablado de la decisión de Fitch Raitings (FR) de bajar la calificación crediticia de Veracruz debido a su pesado costo de operación, y la posibilidad de que en el mes de abril se apliquen medidas más severas por parte de quienes participan en las acciones bursátiles de la tenencia vehicular, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
Lo que pocos han mencionado es que en esta loca aventura Fidel Herrera no se fue solo, sino que se llevó a casi todos los Ayuntamientos de Veracruz.
El mismo día que FR anunció el ajuste en la calificación del Gobierno del estado, también presentó un reporte en el que baja las calificaciones de las emisiones VRZCB 08U y VRZCB 08 a ‘A-(mex)’ de ‘A(mex)’, que fueron colocadas por 199 Ayuntamientos de Veracruz.
¿La razón?
La baja en la calificación a la calidad crediticia del Estado de Veracruz a ‘BBB-(mex)’ con perspectiva crediticia negativa. De acuerdo a la metodología de Fitch, la calificación de los financiamientos específicos puede verse modificada por cambios en la calificación crediticia del Estado.
En ambas emisiones el Estado de Veracruz asume obligaciones subsidiarias respecto a los municipios participantes en caso de incumplimiento las obligaciones.
Así pues, la deuda de Veracruz le pesa también a los gobiernos municipales, y si resulta urgente la disciplina administrativa en el Estado, la misma medicina deberán tomarla todos los Presidentes Municipales.
Siguen los estragos de la cruda, tras la tremenda borrachera que se puso Veracruz durante seis años.
