ASUNTOS PÚBLICOS
Por EDUARDO CORONEL CHIU
Sin dejar de observar el mensaje político de apoyo al Ejército en la ley para pensionar a los deudos de los militares muertos en territorio veracruzano en cumplimiento del deber, en la iniciativa del gobernador Javier Duarte ayer aprobada en el Congreso local, debe verse la solidaridad con quienes exponen la vida en las labores de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada. Y más que con ellos, con sus familiares, en riesgo del desamparo si pierde la vida en el servicio el miembro que es su sostén económico.
Desde afuera es posible criticar que el Gobierno del Estado se haga cargo de pagar pensiones a familia de militares, cuando en primer lugar, el Ejército actúa bajo el régimen federal y estrictamente deberían sujetarse al presupuesto de la Federación y no al estatal.
También pueden invocarse cuestiones de orden financiero, y traer a colación las dificultades de solvencia y liquidez por las que atraviesan las finanzas del estado, y rematar con el problema que ya ocasiona el permanente déficit del sistema pensionario del estado, al que ya se transfieren importantes cantidades anuales como subsidio.
Tales aspectos, si bien deben considerarse en una decisión de beneficio pensionario a deudos de las fuerzas armadas, tienen que enmarcarse en el valor colectivo de la seguridad pública y en la conveniencia de establecer una cobertura de seguridad social que la refuerce.
Hay que partir de que no es un juego el combate a la delincuencia, sino una guerra, en la que hay enfrentamientos con armas de fuego, y el riesgo elevado de la muerte, como lo documentan las estadísticas. Los elementos colocados del lado del estado y la sociedad, suelen ser tentados a cambiar de bando o actuar en doble misión, por lo que se justifica no sólo depurar, sino también estimular en formas diversas a los que están en la trinchera de la ley. Los ciudadanos no pedimos que el Ejército saliera a la calle a combatir a la delincuencia, pero lo real es que la batalla no tiene regreso en el corto plazo y, como en el resto de la República, se está librando también en nuestro estado.
La responsabilidad de las pensiones militares le corresponde al instituto para la seguridad social de las fuerzas armadas, el ISSSTE castrense. La aprobada ayer es una modalidad especial que no debe confundirse con las pensiones de retiro, y que por ello mismo tampoco es comparable con el sistema estatal de pensiones. Es un seguro por causa de muerte específica. Su causal de procedencia es que el integrante de Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana o la Armada de México, fallezca con motivo de su actividad profesional desarrollada con objeto de brindar protección a los habitantes del estado.
HAY DE PENSIONES A PENSIONES
El monto de la pensión instituida a favor de los deudos, cónyuge o concubina, hijos solteros menores de 18 años o mayores que estén estudiando y hasta la conclusión de una carrera profesional, no es de ningún modo gravoso o insostenible a las finanzas del estado. Su importe es de 420 veces el salario mínimo diario vigente, pagaderos trimestralmente, un equivalente a 8 mil pesos al mes.
No se han conocido las estadísticas de militares caídos en Veracruz, y hasta ahora las confirmaciones de muertes en operativos han sido bajas. El incentivo de la pensión hará más transparente la cifra. Por ahora, y mientras no se tengan cifras confiables que proyectar, es ocioso buscarle un sustento actuarial o de creación de reserva técnica para financiar a futuro el pago de estas prestaciones.
Es obvio que no impactará en el sistema de pensiones del estado, no se cargará a su nómina o reservas, ni competirá por el subsidio, cada quien tendrá lo suyo, que además no es comparable. El subsidio anual que concede el Gobierno del Estado al IPE asciende este año a 700 millones de pesos, y cargará (es decir, cargaremos los veracruzanos), con él indefinidamente. Los 8 mil pesos al mes que se darán a los deudos de militares están muy lejos de las jugosas pensiones de algunos de los hoy reclamantes de la devolución de la retención del Impuesto Sobre la Renta. Hay pensiones de más de 100 mil pesos al mes, y no murieron por nadie.
Por otro lado la contribución del IPE será de mero trámite. Dictaminará el expediente de procedencia de la pensión y será oficina pagadora, pero no con sus recursos, sino con fondos del Gobierno del Estado, canalizados por medio de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Sigue en turno una ley para otorgar pensiones a los deudos de los policías del estado y municipales.
La seguridad pública y la solidaridad social con los que mueren en esta misión valen más que el importe de las pensiones a sus deudos. No hay que confundir las cosas y menos dejar que la mezquindad se disfrace de crítica.
AUDITORÍA SUPERIOR
Infinidad de irregularidades en el gasto público federal de 2009 encontró la Auditoría Superior de la Federación, exhibiendo que el desorden, la discrecionalidad, el abuso y la corrupción, es el tono con que se manejan los recursos públicos en el país.
El informe rendido ante la Cámara de Diputados y el mar de documentos sacan diversos temas en los que habrá de profundizar en los días siguientes. El mal uso de recursos en los estados, las devoluciones de impuestos a grandes empresas, los contratos de la Presidencia de la República, las trácalas del Turissste y el Bicentenario, la oscuridad de los fideicomisos, el dinero perdido de la crisis de influenza, etc. En cambio aquí, el órgano de fiscalización menor, a cargo de Mauricio Audi-rat, experto en hacerse de la vista gorda, sólo observa a los pequeños.
ALGARÍN A TUXPAN
El recién nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Algarín Vega, a partir del próximo lunes estará a cargo de la sala regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cubrirá la incapacidad del magistrado Ignacio González Rebolledo.
Por EDUARDO CORONEL CHIU
Sin dejar de observar el mensaje político de apoyo al Ejército en la ley para pensionar a los deudos de los militares muertos en territorio veracruzano en cumplimiento del deber, en la iniciativa del gobernador Javier Duarte ayer aprobada en el Congreso local, debe verse la solidaridad con quienes exponen la vida en las labores de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada. Y más que con ellos, con sus familiares, en riesgo del desamparo si pierde la vida en el servicio el miembro que es su sostén económico.
Desde afuera es posible criticar que el Gobierno del Estado se haga cargo de pagar pensiones a familia de militares, cuando en primer lugar, el Ejército actúa bajo el régimen federal y estrictamente deberían sujetarse al presupuesto de la Federación y no al estatal.
También pueden invocarse cuestiones de orden financiero, y traer a colación las dificultades de solvencia y liquidez por las que atraviesan las finanzas del estado, y rematar con el problema que ya ocasiona el permanente déficit del sistema pensionario del estado, al que ya se transfieren importantes cantidades anuales como subsidio.
Tales aspectos, si bien deben considerarse en una decisión de beneficio pensionario a deudos de las fuerzas armadas, tienen que enmarcarse en el valor colectivo de la seguridad pública y en la conveniencia de establecer una cobertura de seguridad social que la refuerce.
Hay que partir de que no es un juego el combate a la delincuencia, sino una guerra, en la que hay enfrentamientos con armas de fuego, y el riesgo elevado de la muerte, como lo documentan las estadísticas. Los elementos colocados del lado del estado y la sociedad, suelen ser tentados a cambiar de bando o actuar en doble misión, por lo que se justifica no sólo depurar, sino también estimular en formas diversas a los que están en la trinchera de la ley. Los ciudadanos no pedimos que el Ejército saliera a la calle a combatir a la delincuencia, pero lo real es que la batalla no tiene regreso en el corto plazo y, como en el resto de la República, se está librando también en nuestro estado.
La responsabilidad de las pensiones militares le corresponde al instituto para la seguridad social de las fuerzas armadas, el ISSSTE castrense. La aprobada ayer es una modalidad especial que no debe confundirse con las pensiones de retiro, y que por ello mismo tampoco es comparable con el sistema estatal de pensiones. Es un seguro por causa de muerte específica. Su causal de procedencia es que el integrante de Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana o la Armada de México, fallezca con motivo de su actividad profesional desarrollada con objeto de brindar protección a los habitantes del estado.
HAY DE PENSIONES A PENSIONES
El monto de la pensión instituida a favor de los deudos, cónyuge o concubina, hijos solteros menores de 18 años o mayores que estén estudiando y hasta la conclusión de una carrera profesional, no es de ningún modo gravoso o insostenible a las finanzas del estado. Su importe es de 420 veces el salario mínimo diario vigente, pagaderos trimestralmente, un equivalente a 8 mil pesos al mes.
No se han conocido las estadísticas de militares caídos en Veracruz, y hasta ahora las confirmaciones de muertes en operativos han sido bajas. El incentivo de la pensión hará más transparente la cifra. Por ahora, y mientras no se tengan cifras confiables que proyectar, es ocioso buscarle un sustento actuarial o de creación de reserva técnica para financiar a futuro el pago de estas prestaciones.
Es obvio que no impactará en el sistema de pensiones del estado, no se cargará a su nómina o reservas, ni competirá por el subsidio, cada quien tendrá lo suyo, que además no es comparable. El subsidio anual que concede el Gobierno del Estado al IPE asciende este año a 700 millones de pesos, y cargará (es decir, cargaremos los veracruzanos), con él indefinidamente. Los 8 mil pesos al mes que se darán a los deudos de militares están muy lejos de las jugosas pensiones de algunos de los hoy reclamantes de la devolución de la retención del Impuesto Sobre la Renta. Hay pensiones de más de 100 mil pesos al mes, y no murieron por nadie.
Por otro lado la contribución del IPE será de mero trámite. Dictaminará el expediente de procedencia de la pensión y será oficina pagadora, pero no con sus recursos, sino con fondos del Gobierno del Estado, canalizados por medio de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Sigue en turno una ley para otorgar pensiones a los deudos de los policías del estado y municipales.
La seguridad pública y la solidaridad social con los que mueren en esta misión valen más que el importe de las pensiones a sus deudos. No hay que confundir las cosas y menos dejar que la mezquindad se disfrace de crítica.
AUDITORÍA SUPERIOR
Infinidad de irregularidades en el gasto público federal de 2009 encontró la Auditoría Superior de la Federación, exhibiendo que el desorden, la discrecionalidad, el abuso y la corrupción, es el tono con que se manejan los recursos públicos en el país.
El informe rendido ante la Cámara de Diputados y el mar de documentos sacan diversos temas en los que habrá de profundizar en los días siguientes. El mal uso de recursos en los estados, las devoluciones de impuestos a grandes empresas, los contratos de la Presidencia de la República, las trácalas del Turissste y el Bicentenario, la oscuridad de los fideicomisos, el dinero perdido de la crisis de influenza, etc. En cambio aquí, el órgano de fiscalización menor, a cargo de Mauricio Audi-rat, experto en hacerse de la vista gorda, sólo observa a los pequeños.
ALGARÍN A TUXPAN
El recién nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Algarín Vega, a partir del próximo lunes estará a cargo de la sala regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cubrirá la incapacidad del magistrado Ignacio González Rebolledo.
