PUNTO DE VISTA
Filiberto Vargas Rodríguez
Filiberto Vargas Rodríguez
Luego de casi dos meses de operar con un “encargado de despacho” en la Procuraduría de Justicia, este martes se estarían dando los primeros pasos para legitimar lo que en estos momentos es ilegal.
Este martes, en la sesión ordinaria del Congreso local entrará a discusión el dictamen sobre la iniciativa enviada por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa para eliminar requisitos que actualmente contempla la Constitución de Veracruz para ocupar el carpo de Procurador de Justicia.
Como se recordará, en la primera sesión ordinaria del mes de diciembre, una vez que tomó posesión Duarte de Ochoa, la nueva Legislatura le dio entrada a una iniciativa de decreto para reformar, entre otros el Artículo 53 de la Constitución
veracruzana, con el fin de retirar de ese texto los candados que impedían que un secretario de despacho, un Senador, un Diputado local o federal, o Presidente
Municipal, pudieran ser designados para ese encargo, si no renunciaron con un año de anticipación al día de su nombramiento.
veracruzana, con el fin de retirar de ese texto los candados que impedían que un secretario de despacho, un Senador, un Diputado local o federal, o Presidente
Municipal, pudieran ser designados para ese encargo, si no renunciaron con un año de anticipación al día de su nombramiento.
La reforma parecía dedicada al actual encargado del despacho, Reynaldo Escobar Pérez, aunque en realidad él podría aspirar a ese puesto antes de concluir con ese proceso legislativo, pues cualquier reforma a la Constitución debe ser votada favorablemente en dos períodos ordinarios consecutivos, y además debe ser puesta a la consideración de los 212 Cabildos de los ayuntamientos veracruzanos, de donde deberá conseguir la mayoría de votos aprobatorios.
Para cuando eso suceda, ya Reynaldo Escobar Pérez habrá cumplido el año desde que entregó la Secretaría General de Gobierno y, por lo tanto, habrá superado el único impedimento que tiene.
Este lunes el legislador panista Fernando Yunes Márquez adelantó que él pretende proponer algunas modificaciones al dictamen que elaboraron las comisiones unidas de Procuración de Justicia y de Justicia y Puntos Constitucionales.
Uno de sus argumentos es que con estas reformas podría llegar a la Procuraduría de Justicia de Veracruz una persona totalmente desarraigada del estado, pues deja como único requisito en la materia, que sea mexicano de nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos. Su propuesta es que se exija un mínimo de dos años de residencia en la entidad, con lo que podrá entender mejor la problemática que Veracruz presenta por su situación geográfica, algo que no entendería alguien ajeno a estas tierras.
También plantea el legislador que el aspirante a ocupar la Procuraduría de Justicia sea sometido a los exámenes de confianza y toxicológicos que realiza el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Explica el diputado que en la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Gobernador se señala que gozar de buena reputación es un concepto altamente subjetivo.
“Con esta propuesta que estaré presentando la reputación, honestidad, probidad y capacidad de quien pueda ser procurador, dejarán de ser subjetivas para ser reales y objetivas”, asentó Fernando Yunes Márquez.
También está en contra de que se elimine el candado de que el procurador no haya sido secretario de despacho, diputado, senador o alcalde, pues entiende que esa limitación tiene como fin que quien ocupe el cargo no haya participado en decisiones que posteriormente se confronten con sus nuevas responsabilidades, vamos, que no vaya a convertirse en juez y parte.
Admite que acaso podría reducirse el plazo, que ahora es de un año, a seis meses, pero advierte que sería irresponsable eliminarlo por completo.
Este es el momento en el que el Poder Legislativo puede dar una muestra de su capacidad y su independencia.
No se trata de que rechacen la propuesta enviada por el Jefe del Ejecutivo, sino que se quiten de la cabeza el “ship” que les repite millones de veces que lo que ordena el Gobernador es perfecto. Aquí está el caso de un documento que puede mejorar en forma considerable si se incorporan las observaciones de otras fuerzas políticas.
Si no hay voluntad para mejorar los instrumentos jurídicos para el combate a la delincuencia, cualquier discurso sobre “combate frontal al crimen”, “coordinación estrecha con las fuerzas federales”, o “apoyo total a los alcaldes para combatir la delincuencia”, no son más que mera retórica.
