miércoles, 2 de febrero de 2011

Expediente 2011

92 prófugos
Luis Velázquez Rivera


De la lista de 115 ex alcaldes y ex ediles de los años 2004 al 2008 denunciados por el Orfis y el Congreso a la Procuraduría de Justicia, una parte significativa está prófuga de la justicia.

Hasta anoche, 23 ex funcionarios estaban detenidos. Pero en cambio, hay 92 prófugos.

Dos versiones se manejan. Una, desde adentro del poder les dieron el pitazo. Dos, apenas trascendió que unos habían sido prisioneros, pusieron sus barbas a remojar y huyeron.

Pero desde luego resulta inverosímil que la corporación policíaca haya aprehendido a un ex presidente municipal, digamos, en la sierra de Chicontepec, y de inmediato un ex alcalde de la región sur se informara y desapareciera, así el escándalo llegara a los titulares.

El ciudadano más bien cree, está seguro, de que hubo fuga de información desde el Orfis y/o desde el Congreso, y eso se llama traición, deslealtad, doble juego, complicidad, deshonestidad.

Y más por el siguiente antecedente:

Durante muchos sexenios, nunca se procedió en contra de políticos ladrones y rateros, pues desde la elite en el poder se les protegió, incluidos el Orfis y el Congreso en gobiernos anteriores.

Y ahora, cuando dada la ruina económica tanto del gobierno del estado como de los Ayuntamientos existe voluntad política y ética para actuar, resulta que una mayoría significativa de ex ediles bajo sospecha, simple y llanamente, se fugan.

Primero, y hasta donde se sabe, las aguas sucias empezaron a agitarse desde el Organo Superior de Fiscalización y desde la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso y nadie dudaría de que por allí pudo darse el pitazo.

Segundo, luego del debate en el Congreso, los 50 diputados locales ya estaban enterados de la lista negra y en nombre de la partidocracia pudieron haber alertado a los ex ediles de su partido político.

Tercero, una noche anterior al operativo, la lista de los Ayuntamientos y ex ediles con quienes iniciaría la barredora únicamente la tenían tres funcionarios y uno de ellos pudo haber filtrado la relación al periódico Notiver, donde se publicó a 8 columnas en primera plana, en exclusiva.

Y en consecuencia, los teléfonos celulares sonaron de inmediato en los municipios respectivos, alertando a los presuntos.

Cuarto, un equipo burocrático trabajó en los documentos y, bueno, nadie duda de la discreción secretarial, pero al mismo tiempo, por ahí pudo darse la fuga.

Cinco, la gente del Orfis y el Congreso encargada del asunto pudo haber comentado a través de Radio Bemba los hechos a consumarse, y por ahí la versión llegó a oídos de los sospechosos.

Ahora, la Procuraduría de Justicia necesitará de todos los contactos y relaciones oficiales, públicas, privadas y clandestinas para detener a los 92 funcionarios municipales en la lista negra.

Una preguntita, ¿qué otros funcionarios del Orfis, el Congreso y/o del gabinete... tenían conocimiento del operativo?



TRAIDORES, JUDAS, CHISMOSOS, INDISCRETOS, OREJAS...



Nunca Dante Delgado Rannauro, Porfirio Serrano Amador y Gerardo Poo Ulibarri supieron que pretendían ser detenidos. Desde el poder montaron el operativo y los capturaron.

Incluso, en el caso de Dante, cuando su chofer lo advirtió en una calle/avenida de la ciudad de México, los agentes estaban encima.

Nunca José Luis Lobato Campos, director del Instituto de Pensiones con don Rafael Hernández Ochoa, fue informado de que a las 3 de la mañana la policía comandada por el subsecretario de Gobierno, Ignacio Rey Morales Lechuga, lo sacaría de su domicilio particular hasta en pijama.

El único que recibió un pitazo a tiempo fue Efrén López Meza, ex alcalde jarocho, y a quien el Chirinato le diera tiempo de huir. Su director de Obra Pública y tesorero municipal, sin embargo, fueron aprehendidos con toda discreción.

Es más, la madrugada en que las huestes sicarias de Agustín Acosta Lagunes secuestraron en su rancho ‘‘El cocal’’ al cacique de entonces, Felipe Lagunes Castillo, ‘‘El indio’’, 70 elementos, comandados por Hiram Morales, cayeron en la casa... de sorpresa, sin filtraciones de ninguna naturaleza.

El día en que José López Portillo decidió nacionalizar los bancos, encerró en una residencia a un grupo de colaboradores para instrumentar el operativo, vigilados por el Estado Mayor Presidencial, y ningún banquero tuvo conocimiento hasta el momento en que Jolopo lo anunciara en la tribuna parlamentaria.

En el operativo del Orfis de Mauricio Audirac y la Comisión Permanente de Vigilancia a cargo del diputado Américo Zúñiga Martínez, y del Congreso pastoreado por Jorge Carvallo Delfín y Eduardo Andrade Sánchez, hubo un pitazo, y los ex ediles huyeron.

En el barco sexenal hay traidores, Judas, chismosos, indiscretos, orejas...



BARBAS A REMOJAR...



Faltan las cuentas públicas de los años 2009 y 2010.

En el caso de 2009 hay un dictamen del Orfis y del Congreso que, se entiende, habrá de consumarse, y por tanto, la tuerca de la discreción necesitará aplicarse en la lista negra de los nombres, cargos y ubicación geográfica, pues fue boletinado que el daño patrimonial asciende a casi mil millones de pesos.

Y en el caso del 2010, con más razón, porque el daño al patrimonio es incalculable, y si la cuenta pública de 2004 a 2008 inculpa a más de cien funcionarios municipales, entonces, los políticos de los años 2009 y 2010 involucrados ya tendrán su boleto de avión con destino a la Africa subsariana para perderse en la selva y/o a Túnez y Egipto para extraviarse en la manifestación popular contra los dictadores.

La Procuraduría de Justicia enfrenta la enorme tarea de capturar a los 92 prófugos... más los que se acumulen.

Posdata: Postura del arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios: ‘‘Sería desalentador proteger a servidores públicos de otros niveles’’.

Posdata: Se recomienda (por la información fresca) el twitter y el facebook y ‘‘El gabinetazo’’ del blog.expediente.mx